La fecha del 23 de septiembre ha sido elegida en recuerdo de la fecha de aprobación, en 1913, de la ley argentina, conocida como la Ley Palacios, contra la prostitución infantil, la primera de estas características que se aprobó en todo el mundo.
La trata con fines de explotación sexual es considerada como una forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI. Es una forma peculiar de vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas pero que afecta principalmente a las mujeres.
Es además un negocio transnacional que genera más de 40 mil millones de dólares anuales. Ocupa ya el segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, sólo superado por el narcotráfico y por encima del tráfico de armas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta de que cada año unas 700.000 de personas son víctimas de la trata. Un 90% de ellas son adolescentes y niñas y el 80% lo serían para su explotación sexual. Se calcula que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los explotadores la captación de sus víctimas e impiden que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata enfrentan normalmente condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos crueles e inhumanos.
La Ley Palacios
A comienzos del siglo XX, Alfredo Palacios, primer legislador socialista de América Latina, se empeñó acabar con la explotación sexual de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.95 años después y siguiendo la huella de la pionera Ley Palacios, el Congreso Nacional argentino sancionó en 2008 la Ley 26.364 que contiene el tratamiento penal de la trata de personas y establece una serie de medidas para asistir y proteger a sus víctimas.
En 2011, el Congreso estudia la modificación de la ley para impedir que el consentimiento de la víctima -normalmente viciado- pueda excluir la antijuridicidad de la conducta del explotador.
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