Esclavas y desaparecidas

Julio Cobos
Para LA NACION


"Estaba encerrada en una habitación pequeña, sin ventanas ni agua. Dormía en una cama con sábanas sucias y hacía mis necesidades en un tacho. Comía una vez por día. Estaba sucia y sólo me dejaban higienizar cuando venían los clientes. Luego, volvía a mi prisión." Relato de una mujer rescatada después de años de ser víctima de explotación sexual.
La esclavitud no desapareció: adoptó nuevas formas. En la Argentina, por duro que sea, hay esclavos y desaparecen personas. Lamentablemente, la trata de personas es una triste realidad en nuestro país y en el mundo. Este es uno de los crímenes más aberrantes y es una flagrante violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas. Este delito consiste en la captación, transporte y recepción de personas para ser objeto de explotación sexual, laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a servidumbre, trabajo forzoso, tráfico de niños y toda otra forma de explotación del ser humano.
La trata de personas es, a nivel mundial, el segundo negocio ilegal redituable, luego del narcotráfico y superando al tráfico de armas. Un cálculo conservador indica que este crimen transnacional genera más de 32.000 millones de dólares en ganancias anuales. Esta situación implica redes mafiosas con mucho poder económico, que basan su desarrollo y funcionamiento en la ineficacia de los organismos del Estado, la falta de legislación adecuada y cierta condescendencia cultural hacia este tipo de explotación.
La trata no reconoce fronteras; existe en todo el mundo. Provee de recursos humanos no remunerados o pésimamente remunerados; explota a las personas y las priva de sus más elementales derechos. El tráfico de personas de su lugar de origen a centros distantes tiene como objeto hacerlas "desaparecer", desconectarlas de su familia y de su entorno, para profundizar la vulnerabilidad, el desarraigo y el sometimiento a las más inimaginables formas de violencia y maltrato.
Este flagelo no afecta por igual a todos los géneros y clases sociales. Las víctimas son, en su mayoría, mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el caso de la explotación sexual, las mujeres constituyen el 98%. Prácticamente, todas ellas tienen un pasado de pobreza, falta de educación formal y de posibilidades de desarrollo socioeconómico. Las consecuencias en las víctimas son desgarradoras: físicas (golpes, subalimentación, alojamientos indignos, tareas peligrosas, horarios extendidos, violencia, enfermedades infectocontagiosas, abortos compulsivos) y psíquicas (secuestros, vejaciones, desarraigo).
La esclavitud y desaparición de personas -componentes principales de la trata- constituyen delitos de lesa humanidad. Esta realidad nos obliga a avanzar con una verdadera política de Estado, que combata en forma integral estas violaciones a los derechos humanos.
Desde 2008, en la Argentina rige la ley 26.364 (de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas), que, si bien representó un avance, al poco tiempo se demostró insuficiente. Hoy es necesario profundizar el debate y reformar la legislación, endureciendo las penas para los tratantes y para los que favorezcan la trata; considerar agravante en todos los casos que las víctimas sean menores, mujeres embarazadas o padezcan alguna discapacidad, y eliminar también el consentimiento de la persona víctima de trata, sobre la base de que nadie puede autorizar su propia explotación. A su vez, deberíamos avanzar en la prevención y concientización; acotar y eliminar los factores sociales, económicos y culturales que propician la trata; ayudar y asesorar a los grupos vulnerables y evitar que las personas e individuos víctimas de la trata vuelvan a serlo.
La lucha efectiva contra estos delitos supone un compromiso del Estado, de las organizaciones que combaten la trata y de la sociedad en general. Esto implica la capacitación de las policías y agentes de la justicia; la creación de mecanismos de colaboración y coordinación entre instituciones y ONG; la elaboración de protocolos de intervención y, fundamentalmente, la concientización a toda la sociedad. Por otra parte, es imprescindible desarrollar un programa de asistencia a las víctimas, basado en el respeto a sus derechos, la no discriminación y la confidencialidad.
Es hora de hacer realidad lo que expresa nuestra Carta Magna. Modificar con urgencia la ley actual es el primer paso, pero el desafío es más grande e implica un ataque frontal, permanente y sostenido, que sólo tendrá éxito si surge del compromiso y la acción conjunta de todos.
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El autor es vicepresidente de la Nación